Ley del procedimiento laboral

La Ley del procedimiento laboral es la antesala para establecer la bases de conciliación entre el empresario y los trabajadores cuando hay conflictos.

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Sara González

HR Consultant

reduccion de la jornada laboral

10 de febrero, 2025

La Ley de Procedimiento Laboral marca un contexto importante a la hora de resolver los conflictos que tienen lugar entre los empleados y las empresas.

A la hora de regular la relación entre los trabajadores y la empresa existen diferentes fuentes del derecho laboral y leyes que dictaminan cómo debe ser dicha relación, así como las limitaciones y las normas que deben regirse ante temas como los contratos laborales, la Seguridad Social, las vacaciones y la jornada laboral.

¿En qué consiste la Ley del Procedimiento Laboral?

La Ley del Procedimiento Laboral se regula mediante el Real Decreto Legislativo 2/1995 y establece una condición previa a la iniciación del procedimiento a excepción de varios casos ante el acto de conciliación entre el empleado y empresario.

La Ley de Procedimiento Laboral se encuentra derogada desde el 12 de diciembre del año 2011 a favor de la Ley de Jurisdicción Social que recoge parte del contenido de la Ley de Procedimiento Laboral.

Esta nueva ley procesal mantiene la estructura, numeración e incluso buena parte del articulado de la ya derogada Ley de Procedimiento Laboral e introduce nuevas e importantes modificaciones, así como ampliaciones en los temas de orden social, los recursos contra las resoluciones administrativas, en materia de despidos colectivos, suspensión temporal de contratos, expedientes de regulación de empleo, prestaciones, accidentes de trabajo y reducción de jornadas.

¿Por qué es importante la Ley del Procedimiento Laboral?

La Ley de Procedimiento Laboral, actualmente regulada por la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, desempeña un papel fundamental en el sistema jurídico español al establecer el marco normativo para la resolución de conflictos laborales entre empleados y empleadores. Su importancia radica en varios aspectos clave:

Protección de los derechos laborales

Esta ley garantiza que los trabajadores puedan reclamar y defender sus derechos de manera efectiva ante situaciones como despidos improcedentes, reclamaciones salariales o condiciones laborales inadecuadas.

Establecimiento de procedimientos claros

Define de manera detallada las etapas y diligencias que conforman el proceso laboral ordinario, asegurando que ambas partes comprendan el desarrollo del procedimiento y puedan actuar en consecuencia.

Principios de oralidad y celeridad

Promueve la resolución rápida y eficiente de los conflictos laborales, minimizando demoras y facilitando una justicia más accesible y efectiva para las partes involucradas.

Equilibrio en las relaciones laborales

Al proporcionar un marco legal claro y equitativo, la ley contribuye a mantener un balance justo entre los derechos y obligaciones de trabajadores y empleadores, fomentando relaciones laborales más armoniosas y productivas.

Por lo tanto, la Ley de Procedimiento Laboral es esencial para asegurar que los conflictos en el ámbito laboral se resuelvan de manera justa, eficiente y equitativa, protegiendo los derechos de todas las partes involucradas y contribuyendo al buen funcionamiento del mercado laboral en España.

¿Qué dicta la Ley de Jurisdicción Social sobre el acto de conciliación?

Actualmente esta herramienta de intermediación laboral se emplea cuando existe algún problema o conflicto entre un empleado y un entidad empleadora la legislación que marca al Ley de Jurisdicción Social un acto de conciliación entre ambas partes con la finalidad de evitar el litigio.

En dicho proceso debe mediar la comunidad autónoma competente. Si el empresario no se presenta se procede a interponer una demanda ejecutiva, por el contrario, si no aparece el trabajador se estipula que pierde el derecho a dar inicio al proceso judicial.

¿Cuál es el plazo para interponer una demanda laboral?

El plazo para interponer una demanda laboral en España varía según el tipo de reclamación que se desee realizar. A continuación, se detallan los plazos más comunes:

Despido

El trabajador dispone de 20 días hábiles para impugnar el despido. Este plazo comienza a contar desde el día siguiente a la fecha de efectos del despido, que generalmente se indica en la carta de despido.

Reclamaciones de cantidad (salarios u otras remuneraciones)

El plazo para reclamar cantidades adeudadas es de 1 año desde que la deuda es exigible.

Modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo

Si el trabajador no está de acuerdo con una modificación sustancial de sus condiciones laborales, tiene un plazo de 20 días hábiles para impugnar dicha decisión empresarial.

Vacaciones

En caso de desacuerdo sobre las fechas de disfrute de las vacaciones, el trabajador puede interponer una demanda en un plazo de 20 días naturales desde que tuvo conocimiento de la imposición unilateral de la fecha por parte de la empresa.

Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de los casos, antes de presentar una demanda laboral es obligatorio intentar una conciliación previa ante el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación (SMAC) u organismo equivalente en cada comunidad autónoma.

La presentación de la papeleta de conciliación interrumpe el cómputo del plazo para interponer la demanda, reanudándose una vez finalizado el acto de conciliación sin acuerdo.

Dado que los plazos pueden variar según el tipo de reclamación y las circunstancias específicas de cada caso, se recomienda consultar con un profesional del derecho laboral para obtener asesoramiento personalizado y asegurar el cumplimiento de los plazos legales establecidos.

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