Incapacidad laboral
Una incapacidad laboral implica los casos en los que un empleado no puede asumir sus responsabilidades y desempeñar todas sus tareas.
Una incapacidad laboral implica los casos en los que un empleado no puede asumir sus responsabilidades y desempeñar todas sus tareas.
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Alba Gijón
HR Consultant
6 de febrero, 2025
Las incapacidades en el trabajo pueden darse de forma temporal o permanente y dentro de estas se encuentran diferentes grados. Profundiza en el significado de la incapacidad laboral, conoce sus clases y cómo se calcula a continuación.
El significado de incapacidad laboral abarca todas aquellas situaciones en las que un empleado no puede asumir sus responsabilidades y desempeñar todas sus tareas correctamente. Básicamente una incapacidad laboral puede provocarse o bien por una enfermedad común, una enfermedad deriva del trabajo, por un accidente laboral o un accidente no laboral.
Los requisitos para obtener una incapacidad laboral son:
Actualmente podemos diferenciar entre diferentes tipos de incapacidades según el grado de cada una de ellas.
En estos casos el empleado no puede asumir sus tareas y funciones pero solo de forma puntual, hasta que recibe asistencia sanitaria debido a una enfermedad o accidente. El tiempo máximo de la baja temporal puede extenderse de un año a 18 meses y en estos casos e otorga una baja médica que justifica este tipo de ausencia laboral.
Esta se da cuando se supera el tiempo máximo de la incapacidad temporal y se considera que el empleado no mejora tras obtener el tratamiento médico adecuado. A su vez este tipo de incapacidad se divide a su vez en cuatro:
A la hora de valorar la incapacidad laboral de un trabajador es necesario tener en cuenta la gravedad y la evolución de la enfermedad o la recuperación, además de ver cómo influye esa enfermedad en el trabajo que asume diariamente.
Para calcular la incapacidad laboral es necesario establecer la base reguladora del salario. Si es temporal hasta el cuarto día no se cobra y partir de entonces se percibe el 60% de la base reguladora, el día 21 en adelante se percibe el 75% de la base reguladora.
Si la incapacidad laboral es permanente esta se calcula según el grado de reconocimiento de la incapacidad y con la base reguladora. La parcial es una indemnización y 24 mensualidades de la base reguladora, la total se percibe el 55% de la base reguladora y se aumenta un 20% a partir de los 55 años.
En la absoluta se calcula el 100% de la base reguladora y en la clase de incapacidad laboral de invalidez se aplica se aplica un porcentaje a la incapacidad permanente y se incrementa con una cuantía complementaria.
Para solicitar una incapacidad laboral permanente en España, es necesario seguir un procedimiento específico que puede iniciarse de diferentes maneras:
A instancia de parte: El propio trabajador o su representante legal pueden solicitar la evaluación para una incapacidad permanente.
Es fundamental completar el modelo oficial de solicitud de incapacidad permanente, disponible en la página web del INSS. Junto con este formulario, se debe adjuntar la documentación médica que respalde la situación de incapacidad, como informes médicos, resultados de pruebas diagnósticas y cualquier otro documento relevante.
La solicitud y la documentación pueden presentarse en los Centros de Atención e Información de la Seguridad Social (CAISS). Es recomendable solicitar cita previa para una atención más eficiente.
Una vez presentada la solicitud, el INSS convocará al trabajador para una evaluación por parte del Equipo de Valoración de Incapacidades (EVI), que analizará la documentación aportada y realizará las pruebas necesarias para determinar el grado de incapacidad.
Tras la evaluación, el INSS emitirá una resolución reconociendo o denegando la incapacidad. En caso de reconocimiento, se especificará el grado de incapacidad y la correspondiente prestación económica.
Las responsabilidades y derechos de la empresa frente a la incapacidad laboral de un trabajador se enmarcan en lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores y en la normativa de la Seguridad Social. A continuación se detallan algunos aspectos clave:
La empresa debe garantizar que el trabajador incapacitado no sufra discriminación por su situación y mantener la protección de su puesto de trabajo mientras esté de baja o, en su caso, durante el proceso de adaptación o reubicación si se trata de una incapacidad permanente.
Es obligación de la empresa notificar a la Seguridad Social sobre accidentes laborales o situaciones de incapacidad derivadas de enfermedades profesionales o comunes (cuando proceda), y facilitar la documentación necesaria para la evaluación médica de la incapacidad.
En casos de incapacidad temporal, la empresa debe colaborar en el seguimiento y facilitar el proceso de reincorporación una vez finalizado el periodo de baja.
En situaciones de incapacidad permanente, si las condiciones lo permiten, la empresa puede adaptar el puesto de trabajo o buscar una reubicación que se ajuste a las nuevas capacidades del trabajador.
Independientemente de la incapacidad en sí, la empresa tiene la responsabilidad de adoptar medidas preventivas para evitar que se produzcan accidentes laborales y enfermedades profesionales, lo que implica la realización de evaluaciones de riesgos y la implementación de planes de prevención.
La empresa tiene derecho a solicitar la información médica necesaria, siempre respetando la confidencialidad, para evaluar la situación del trabajador y determinar la viabilidad de su reincorporación o la necesidad de adaptar su puesto.
En el marco de un proceso de incapacidad, la empresa puede colaborar con los servicios de salud laboral y el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) para determinar si existen posibilidades de reincorporación o si se requieren ajustes en las condiciones de trabajo.
Si la incapacidad resulta en la imposibilidad de desempeñar el puesto de trabajo, la empresa tiene derecho a iniciar procedimientos de reubicación interna o, en última instancia, a proceder con un despido por causas objetivas, siempre que se respeten los derechos y garantías del trabajador (por ejemplo, el derecho a una indemnización en caso de despido improcedente o a la aplicación de las medidas de protección en caso de despido por motivos de salud).
Por lo tanto, mientras que la empresa está obligada a proteger y facilitar el proceso de recuperación y adaptación del trabajador incapacitado, también cuenta con derechos para gestionar la continuidad de su actividad productiva, siempre en un marco de respeto a la normativa laboral y a los derechos fundamentales de los trabajadores.
Esta dualidad busca equilibrar la protección del trabajador con la necesidad de mantener la operatividad y competitividad de la empresa.